El Gobierno exigirá a la banca cinco nuevos colchones de capital para reforzar la solvencia de las entidades financieras, con lo que requerirá niveles de capital superiores a los establecidos en la UE. Estas
novedades, que persiguen fortalecer a la banca ante futuras crisis, se incluyen
en el proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
de crédito aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, con el que traspone a la legislación
española los requisitos de Basilea III y otras normas sobre gobierno
corporativo.
En concreto, se fijará un
colchón de conservación de capital para pérdidas inesperadas y que se aplicará
desde el 1 de enero de 2016 y será del 2,5% en 2019. También habrá un colchón
de capital anticíclico específico que pretende evitar el efecto procíclico de
la regulación prudencial. Este último se aplicará desde el 1 de enero de 2016 y
su nivel será de hasta el 2,5%.
También se exigirá un colchón
de capital para entidades de importancia sistémica mundial y otras entidades de
importancia sistémica. Se aplicará a partir del 1 de enero de 2016 y será de
entre el 1% y el 3,5%, en función del carácter más o menos sistémico de la
entidad a la que se aplique.
Asimismo, establece un colchón
contra riesgos sistémicos, que puede alcanzar niveles del 5%. El supervisor
decidirá discrecionalmente cuándo y en qué medida exigirlo, con el fin de
reducir los riesgos derivados del efecto de la evolución de la economía en el
sistema financiero.
Según ha explicado el
Ministerio de Economía en un comunicado, estos colchones suponen un complemento
al reglamento que eleva el capital de calidad hasta al menos el 4,5% de los
activos ponderados por riesgo a partir de 2015. Además, se establece una
definición de capital más estricta para garantizar la capacidad real de
absorber pérdidas del capital.
El proyecto de ley además limita el ‘bonus’ al
100% del sueldo fijo de los banqueros, salvo que la junta de accionistas
autorice hasta el máximo del 200%, y prohíbe el ejercicio simultáneo de
los cargos de presidente del consejo de administración y consejero delegado,
con la excepción de que el Banco de España dé su visto bueno.
En cuanto a la supervisión, se
fija por primera vez la obligación de que el Banco de España presente al menos
una vez al año un programa supervisor, el cual incluirá la realización de
pruebas de resistencia al menos una vez al año.
El Gobierno también ha
adaptado la normativa en materia de preferentes a la europea, pero manteniendo
los requisitos de la regulación española, mucho más exigente.
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