Este Gobierno del Partido Popular ya ha demostrado más que sobradamente que una cosa son las promesas electorales para llegar al poder y otra muy distinta es cumplir con ellas de manera consecuente. Lo sabemos bien. Todavía resuenan en el hemiciclo del Congreso de los Diputados las palabras de Rajoy contra la reforma de las pensiones acordada por el Gobierno del PSOE con los agentes social y económicos y aprobada en el marco de Pacto de Toledo. "Las pensiones no se tocan", decía entonces el ahora presidente del Gobierno.
Ya hemos visto en qué han quedado aquellas palabras. No sólo se han tocado, y mucho, sino que el Partido Popular ha llevado a las puertas del Congreso, con absoluto desprecio de los agentes sociales y económicos y del Pacto de Toledo, el ataque más fuerte en democracia a una de las patas fundamentales de nuestro modelo de Estado del Bienestar, como son las pensiones.
Más allá de las estrecheces económicas provocadas por la crisis y que son sabidas, y de la transformación de la pirámide de edad en España, la propuesta del PP es absolutamente ideológica. No busca ni la sostenibilidad del sistema, como lo hacía el pacto de las pensiones del año 2010, ni tampoco únicamente aliviar la importante factura de las pensiones a que hace frente el Estado a través de la caja de la Seguridad Social. La realidad, por mucho que la retórica cínica y mentirosa de los ministros del PP nos quiera ocultar, es que la reforma persigue un doble objetivo. Por un lado debilitar el sistema público de pensiones, en tanto que público y, por tanto, alejado-veremos hasta cuándo-de las garras de la especulación privada. Y, por otra parte, estimular la contratación de planes de pensiones privados que signifiquen una inyección económica para el sistema financiero que facilite su recapitalización.
Ya sabemos que a partir de ahora las pensiones no se revalorizarán en función del comportamiento de coste de la vida y que, por tanto, se producirá una sensible pérdida de poder adquisitivo que provocará el empobrecimiento de los más grandes y del conjunto de la sociedad . Y también constatamos que si el modelo de relaciones laborales de este país se mantiene en los niveles actuales, es decir, precariedad en la contratación y continuada rebaja salarial, los futuros pensionistas tendrán muchísimas dificultades.
Si, encima, añadimos las limitaciones que la reforma del gobierno del PP está impulsando, como es la aprobación del factor de sostenibilidad basado en la esperanza de vida en el momento de tu jubilación, el resultado es que los jóvenes trabajadores de ahora tendrán un futuro muy negro cuando sean pensionistas, si no ponemos remedio.
Un remedio que debe venir de la mano de la movilización constante en la calle y por la exigencia a los partidos políticos de izquierdas de un compromiso claro y nítido en el sentido de que modificarán esta reforma que el PP hará triunfar gracias a su mayoría absoluta. No podemos dejar que, en este terreno, se imponga la resignación ni la desesperanza. Las cosas no tienen que ser así sólo porque lo manden las elites extractivas-que se han enriquecido más aún con esta crisis, mientras la mayoría la estamos sufriendo durísimamente-a su encarnación parlamentaria, que es el PP.
Y no lo serán si tenemos claro que el sistema público de pensiones está tan amenazado como nos quieren hacer creer, si tenemos claro que unas pensiones dignas son un derecho pero también una fuente de impulso económico, si tenemos claro, en definitiva, que esta es una lucha que nos afecta intergeneracionalmente.
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