Web de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones |
Los expertos a los que el gobierno ha
encargado un informe sobre el denominado factor de sostenibilidad en las
pensiones, se han emplazado a volver reunirse la semana que viene para acercar posturas, tras las discrepancias surgidas en torno a la fórmula para actualizar las
pensiones, entre otras cuestiones.
Aunque estaba previsto que entregara su
informe antes de que acabara este mes, tres
de sus doce miembros no están de acuerdo con algunos planteamientos de la
mayoría de la comisión; entre ellos, que las pensiones se revaloricen en
función de los ingresos y gastos de la Seguridad Social, frente a la actual
fórmula que tiene en cuenta la evolución de los precios.
El catedrático de Economía Aplicada,
Santos Ruesga, el licenciado en ciencias económicas y empresariales Miguel
Ángel García Díaz y el catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
José Luis Tortuero, cercanos a UGT, CCOO y PSOE,
respectivamente, son los que han mostrado su desacuerdo.
La propuesta de la mayoría de la comisión
en torno a la actualización de las pensiones está en
consonancia con la planteada por el Ejecutivo en un informe que remitió a los partidos políticos
en abril. Dicho informe recogía una comparativa de la regulación del factor de
sostenibilidad en los países europeos, pero también incluía como "posible
propuesta" un nuevo modelo de revalorización de las pensiones,
que quedarían congeladas si los ingresos de la Seguridad Social fuesen menores
a los gastos.
La legislación vigente establece que las
pensiones deberán revalorizarse cada año si el IPC real —se toma el dato de
noviembre— supera al previsto por el Gobierno, algo que el Gobierno del PP no
ha hecho en las dos ocasiones que ha podido hacerlo.
Respecto al factor de sostenibilidad, el
Ejecutivo explica que las variables que deben tenerse en cuenta son la
evolución de la esperanza de vida, los índices demográficos y los económicos .
Este factor se introdujo en la reforma de
las pensiones del anterior gobierno socialista en 2011, que estableció que a partir de 2027 debe revisarse el sistema de pensiones
cada cinco años automáticamente para
mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las
prestaciones esperadas.
Falta
desarrollarlo y establecer los parámetros según los cuales se hará esa revisión
quinquenal, para lo cual el Gobierno espera tener el informe de la comisión de
expertos que remitirá a los agentes sociales y la Comisión parlamentaria de
seguimiento del Pacto de Toledo, con quienes espera consensuar la reforma antes
de que acabe el año.
Según el Plan Nacional de Reformas
remitido en abril a Bruselas, el Gobierno tenía previsto enviar el informe
de los expertos al Parlamento antes del 30 de mayo a efectos de que la Comisión de
Pacto de Toledo pudiera entre junio y julio elaborar las recomendaciones para
una reforma que se aprobaría a lo largo de 2013 y entraría en vigor en 2014.
No hay comentarios:
Publicar un comentario