El borrador del informe que elaboran para
el Gobierno propone aplicar la reforma en 2014. Calculan que sus medidas
podrían hacer perder en 7 años un 6% de poder adquisitivo a los pensionistas
actuales
Los doce expertos a los que el Gobierno ha encargado
un informe sobre la próxima reforma de las pensiones ya tienen el borrador del
texto. Y en él recomiendan "una aplicación
temprana" de la
reforma que han diseñado; mejor si es en 2014, y no más tarde de 2019, indican.
El efecto que esto tendría: una merma del poder de compra de las pensiones que
alcanzaría a los actuales pensionistas, y la posibilidad de bajarles las
pensiones a los futuros perceptores. Según sus propios cálculos, la receta que
proponen podría suponer a los pensionistas actuales una pérdida de poder
adquisitivo de un 6% de aquí a 2020.
El borrador del informe, que
el comité perfilará y terminará la semana que viene, incluye cálculos sobre los
efectos que tendría aplicar pronto las dos medidas que proponen: la primera, reducir la pensión inicial a los nuevos pensionistas de acuerdo con el aumento de la
esperanza de vida de los españoles; la segunda, que la revalorización de las pensiones que se hace
cada año no dependa de la subida de los precios, sino de la marcha de
las cuentas de la Seguridad Social. Esta última idea, la de la revalorización
no ligada al IPC, es la que afectaría a los pensionistas actuales.
Las simulaciones que hacen
los expertos se basan en distintos escenarios económicos, algunos más
optimistas y otros menos. En el caso de que se cumpliese una evolución
económica pesimista, los autores del informe calculan que la revalorización de
las pensiones que ellos plantean supondría a los pensionistas actuales una merma de su poder adquisitivo de hasta el 6% de ahora a 2020, y
superior al 7% si se calcula de aquí a 2030.
Por otro lado, sus cálculos
concluyen que, de reducir las pensiones iniciales de acuerdo con el aumento de
la esperanza de vida, los que se jubilasen en 2024 cobrarían un 6% menos de
pensión de lo que les correspondería con las reglas actuales, y los que se
jubilasen en 2032 casi un 12% menos. Los pensionistas futuros, por tanto, son
los que se verían más afectados, porque pesarían sobre sus pensiones ambos
ajustes: una pensión inicial más baja de lo que les correspondería con las
reglas actualmente en vigor, y una revalorización anual por debajo del IPC (que
es el indicador que se utiliza ahora para calcular la subida de las pensiones).
Plantean
bajar las pensiones.De hecho, los expertos
parecen dispuestos a saltarse un tabú que hasta ahora no se ha tocado: la posibilidad de que las pensiones no sólo no suban, sino que bajen. Dicen que esto no debería afectar a
los pensionistas actuales (según el informe, supondría cambiarles
"drásticamente las reglas del juego a gentes que [...] ya no tienen tiempo
ni capacidad de reacción para adaptarse a las nuevas circunstancias"),
pero sí que lo ven bien para los pensionistas futuros, los que entrarán en el
sistema en los próximos años. Así que ponen encima de la mesa la posibilidad de
que bajen las pensiones si la Seguridad Social tiene más gastos que ingresos.
Además, los expertos no sólo
plantean que las pensiones dejen de revalorizarse de acuerdo con la subida
anual de los precios (IPC): llegan a proponer que, en vez de ser la referencia
de subida, ese IPC sea el máximo de subida anual. Según ellos, en los años de
bonanza el ahorro resultante podría acumularse en el Fondo de Reserva (la hucha
de las pensiones), para poder ser utilizado cuando la situación económica sea
negativa y el sistema se enfrente a posibles déficits. Así que, si la economía
va bien, las pensiones nunca subirían más que los precios; pero si va mal, sí
que podrían subir menos que el IPC, e incluso bajar.
Se
meten en política
Los expertos plantean dos
fórmulas matemáticas para que estos ajustes se hagan automáticamente, aunque
los efectos detallados de su aplicación estarán en los anexos del informe,
todavía por incorporar al texto. Pero al margen de las matemáticas, el
documento se mete en terreno político, a pesar de insistir en el comienzo que
su labor no consiste en ser "sustituto de esa política [de
pensiones]".
Así, hacia el final del
informe, subrayan que quedan muchas cosas por hacer en el campo de las pensiones,
como "el desarrollo de las pensiones complementarias (fondos de empresa,
seguros y fondos de pensiones)". Cabe recordar que varios de los
integrantes del comité están vinculados a aseguradoras y al entorno de los
fondos privados. Además, se permiten en el redactado exigir
"ejemplariedad" [sic] al "estamento político", porque -afirman- "los
representantes públicos pueden consolidar pensiones después de menos de una
tercera parte de los años de cotización que se le exigen a un ciudadano
común".
Además, entre las razones que
dan para hacer y aplicar esta reforma rápidamente está el escrutinio al que
Bruselas somete al Gobierno, algo que escapa al mandato del informe: poner en
marcha la reforma en 2014 "refuerza la señal de seriedad en el compromiso
con la sostenibilidad presupuestaria [...] que se envía a la ciudadanía, a los
inversores internacionales y a nuestros socios europeos".
Está previsto que en los próximos días el documento quede completamente listo y se remita
al Gobierno, que lo debatirá con partidos, sindicatos y patronales. En
todo caso, todo apunta a que el texto no contará con el respaldo de los doce
integrantes del comité; para algunos, va demasiado lejos tanto en las medidas
que propone como en plantear que se aplique inmediatamente.
Definitivamente, estamos en manos de auténticos irresponsables
desalmados. Esto es lo que hay y esta es la miseria moral de quienes presumen
de dirigir nuestros destinos, en este caso hacia el paraíso de las miserias.
Es para denunciarlo al tribunal de Estrasburgo que 8 de los 10 consejeros hayan trabajado en banca, estos son los que nos van a sacar de la crisis.,
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