Un caso ejemplar de
sinvergonzonería política. El hecho de haber ostentado la condición de
parlamentario durante siete años garantiza el cobro de la pensión máxima.
Salvo
que una fortísima movilización ciudadana lo impida, el Parlamento español se
dispone a aprobar el plan del Gobierno que pretende introducir un severo
recorte de las pensiones. Recortes que no afectarán para nada a las pensiones
de los diputados, pues hace tiempo que ellos blindaron las suyas. El hecho de
haber ostentado la condición de parlamentario durante siete años garantiza el
cobro de la pensión máxima.
El argumento utilizado por
el Gobierno y los economistas que escriben a sueldo de los bancos, caso de los
100 de Fedea, es absoluta y radicalmente falso. Y con ello no he descubierto la
pólvora, ya que coincido con otros autores no comprados por el sucio dinero de
la delincuencia financiera.
Estos apocalípticos profetas
vaticinan un severo envejecimiento de la población a medio plazo. Pero la
tendencia demográfica actual no tiene necesariamente que cumplirse en 2040. Por
poner un ejemplo algo macabro: si se continúan precarizando las condiciones
laborales al tiempo que se deteriora la sanidad pública en beneficio de la
medicina privada, la actual tendencia a la longevidad se invertirá. Pues
grandes capas empobrecidas de la población no recibirán cuidados médicos en
caso de enfermedad. La medicina privada no es apta para todos los públicos.
La que sí tiene la pólvora
mojada es esa bomba de relojería demográfica de la que hablan los
apocalípticos. Pues mientras la población joven que hay aquí y ahora continúe
sumida en la precariedad laboral no cotizará a la Seguridad Social y, por
tanto, no habrá generado derecho a pensión cuando alcancen la edad de
jubilación. De manera que se verán obligados a seguir trabajando, si es que
alguien los emplea, hasta que venga a buscarles la muerte. A esto hay que
añadir el creciente grupo de trabajadores condenado al desempleo a partir de
los cincuenta años, cuya pensión sufrirá aquí y ahora, sin necesidad de
reformas, un severo recorte en su cuantía. En definitiva, aun cuando se
mantuviera la tendencia al envejecimiento, las políticas actuales dejarán a
muchos viejos sin derecho a pensión en 2040.
Spain is
different: ofreciendo un detestable ejemplo de sinvergonzonería política, los
diputados que se disponen a recortar nuestras pensiones no han tenido el menor
sonrojo a la hora de barrer para sí mismos y blindar las suyas. Para sus
excelsas señorías pensión digna sí es posible.
A lo largo de las dos
ultimas legislaturas de continua gresca parlamentaria, los grupos mayoritarios
del PP y PSOE sólo han alcanzado un acuerdo, aprobado por unanimidad en las
mesas del Congreso y el Senado: la creación de un fondo que permitirá a los
parlamentarios obtener la pensión máxima del sistema de Seguridad Social cuando
dejen el escaño, con el único requisito de haber sido miembros de las Cámaras
durante al menos siete años (es decir, la duración habitual de dos
legislaturas). De esta forma se consigue que las Cortes garanticen que todos
los diputados y senadores con siete años de mandato puedan cobrar la pensión
máxima. Esta pensión, que los ciudadanos comunes sólo obtienen cotizando 35
años y siempre que los últimos 15 lo hayan hecho por la base máxima, la
obtendrán los parlamentarios que no hayan cumplido con este requisito, pues
recibirán de las Cortes un suplemento extra que iguale su pensión a la máxima
del sistema de la Seguridad Social.
El argumento para conceder
este complemento es que debe asegurarse la dignidad de los cargos
parlamentarios. Pero esta dignidad no fue sometida a debate abierto en el
hemiciclo, con luz y taquígrafos. Estas canonjías se aprobaron de manera
vergonzante utilizando un órgano de carácter administrativo (las mesas
conjuntas de ambas Cámaras). Y además con sordina, en pleno mes de julio de
2006, cuando la atención informativa decae a causa de la canícula veraniega. O
sea, que los mismos parlamentarios que aprueban leyes de pensiones mínimas,
paupérrimas, para millones de jubilados, se suben las pensiones para sí mismos
sin someterlas a ley.
Más ventajas. Si el diputado
o diputada ha cumplido 55 años en el momento del cese, no tiene oficio ni
beneficio y se queda en paro, las Cortes corren con su cotización a la
Seguridad Social hasta completar el periodo necesario para tener derecho a la
pensión de jubilación más elevada. Si no dispone de ingresos o patrimonio
suficiente tiene además derecho a una ayuda económica hasta que se jubile
equivalente al 60% de la asignación constitucional (3.126,52 euros mensuales)
las Cortes les costean también un plan privado de pensiones mientras mantengan
su escaño, en el que ingresan mensualmente el 10% de sus emolumentos. El
objetivo, dice el reglamento, “es situar a los parlamentarios españoles en un
nivel equiparable a la media de los países en nuestro entorno”.
A sus señorías no parece
preocuparles que las pensiones que perciben la mayoría de los jubilados estén
muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Tal y como han
organizado su retiro dorado, con periodos de cotización mínimos, se puede
calificar su pensión dentro de la categoría de no contributiva. Y no es
moralmente admisible que se autoadjudiquen una cuantía tan elevada mientras
votan decretos que fijan en 347,60 euros la pensión más baja del sistema,
denominada precisamente no contributiva. Porque esta es una forma de crear
pobres por decreto.
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