UGT y CCOO acusan
al Gobierno de incrementar la desprotección social y de vulnerar el Pacto de
Toledo y el Acuerdo Social y Económico de 2011, alcanzado en el marco del
Diálogo Social, al aprobar hoy en Consejo de Ministros, una nueva “reforma” que
afecta a la jubilación anticipada y parcial así como al subsidio de desempleo.
Ambos sindicatos
denuncian que el Gobierno, en lugar de hacer valer las fortalezas de nuestro
sistema de pensiones ante la UE, vuelve a utilizar como excusa la situación
coyuntural que atraviesa el sistema de Seguridad Social (consecuencia sobre
todo de la política económica que se está aplicando), para imponer un nuevo
recorte injusto, innecesario y excesivo.
Este nuevo recorte es:
· Innecesario porque la reforma de la jubilación anticipada y parcial ya
estaba prevista en la Ley27/2011 con un amplio acuerdo
social y político.
· Es injusto porque la reforma impuesta se basa en gran medida en la
traslación de una idea falsa de los jubilados anticipados, que el Gobierno intenta presentar como
personas insolidarias que abusan del sistema. Hemos de recordar que las
jubilaciones anticipadas están reservadas sólo a trabajadores de edad avanzada
(61 o 63 años), con largas carreras de cotización (entre 30 y 33 años), y cuyas
pensiones se reducen de forma que se garantiza que la Seguridad Social asume un
gasto inferior total que si accediesen, a una edad más tardía, a la jubilación
ordinaria.
· Además, supone un endurecimiento inexplicable y excesivo en un momento
en que la crisis y las reformas normativas aprobadas han facilitado el despido
y disminuido las redes de protección social.
UGT y CCOO se
reservan su valoración definitiva sobre el Real Decreto Ley aprobado hoy hasta
poder realizar un análisis minucioso del texto de la reforma que finalmente se
publique en el BOE, más aún cuando el Gobierno no ha accedido a convocar la
Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Pensiones de 2011 para informar de sus
pretensiones y por otra parte, la información disponible señala diferencias
entre las propuestas que remitió al Congreso de los Diputados en noviembre
pasado y los textos que se han ido filtrando a los distintos medios de
comunicación.
Si atendemos al
Consejo de Ministros celebrado hoy, además de las modificaciones en materia de
jubilación anticipada y parcial, genera especial preocupación la información
referida a la reforma del subsidio de mayores de 55 años. Debemos recordar que
este subsidio es el principal recurso de protección social que tienen los
trabajadores que han sido despedidos al final de su vida laboral y que supone
en la mayoría de los casos su única fuente de ingresos y cotización hasta la
fecha de la jubilación. En el verano pasado ya sufrió un importante recorte
pasando de exigirse 52 años de edad a los actuales 55 años, también se redujo
la base de cotización del trabajador hasta la base mínima, y se limitó la
duración del subsidio hasta la primera fecha posible de jubilación, cuando
antes podía utilizarse hasta la fecha de jubilación ordinaria. En la reforma
aprobada hoy, además, parece modificarse el criterio de ingresos a tener en
cuenta para acceder al subsidio pasando de utilizarse exclusivamente los
ingresos del trabajador a utilizar ahora los de su unidad familiar, lo que
supone un castigo adicional para las familias solidarias que acogen a estos
desempleados.
Por último, se
anuncia cambios sustanciales en la regulación de la compatibilidad entre
pensión y empleo. UGT y CCOO advierten de un lado que en un momento como el
actual, con cerca de 2,5 millones de jóvenes sin empleo, con una tasa de
actividad de las personas de más de 55 años débil y con más del 50 por 100 de
los trabajadores mayores 55 años de edad expulsados del mercado laboral por
motivos de desempleo o discapacidad, no es ni urgente ni razonable introducir
un nuevo régimen de compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo.
Y, de otro lado,
advierten que de no articular las garantías legales e inspectoras suficientes,
existe un claro riesgo de planificación empresarial y “efecto sustitución” en
el empleo. Es imprescindible evitar que, como consecuencia de la
compatibilidad, los trabajadores en activo sean sustituidos por otros con
menores costes de cotización (los jubilados no cotizan) y que además al
disponer de garantía de rentas derivadas de la pensión, éstas puedan ser
utilizadas como excusa para reducir salarios.
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