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martes, 6 de marzo de 2012

El Gobierno reconoce que su objetivo es extender los ERE con 20 días de indemnización

Está escrito solo en inglés. Tiene 31 páginas. Está fechado el 14 de febrero de 2012 y es el documento base que lleva bajo el brazo el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando explica a sus colegas europeos y a los analistas extranjeros los objetivos de las reformas emprendidas por el nuevo Gobierno. Uno de ellos, no disimulado, es acabar con los despidos caros, que según este papel son el principal problema del mercado laboral español.
De puertas para adentro, aquí en España, el Gobierno mantiene que los sindicatos no entienden que la reforma está hecha para crear empleo. Pero, ¿qué vende De Guindos fuera de nuestras fronteras? El primer objetivo de la reforma laboral es, según dice textualmente el documento que va repartiendo entre analistas y ministros es “Improve efficiency and reduce labor market duality by decreasing dismissal costs”. En castellano esto significa aumentar la eficiencia y reducir la dualidad del mercado laboral mediante una rebaja en el coste del despido.
Todos procedentes

Reconocido que el abaratamiento de los despidos es el medio para lograr el fin de la reforma laboral, el documento es mucho más contundente una página después cuando analiza cuáles serán los efectos de la reforma. Tras exponer que la dualidad del mercado laboral se arregla por esa vía, el papel del ministro de Economía termina con una línea mas que significativa. El objetivo último es, en inglés, “fair dismissal to be the main channel to end the contract as oppose to now”. O lo que es lo mismo, hacer del despido procedente lo normal para rescindir contraltos, lo contrario que ahora.

Menor protección judicial

La cosa empeora en la página siguiente, en la que el documento habla ya sin ambages de lo bueno que es despedir más barato. El título de la hoja, la número 23, dedicada a la segunda parte de la reducción de los costes del despido para reconducir la dualidad del mercado laboral español, se dedica a la “reforma de los despidos colectivos y objetivos para reducir la incertidumbre legal y sus altos costes”. Aquí ya está clara la intención. Se trata de dejar a los trabajadores con menor protección judicial y a los empresarios con menos costes por despedir a parte de sus plantillas.

Otra vez el despido barato

Las soluciones son eliminar la autorización administrativa para los expedientes de regulación de empleo (ERE), la reforma de la revisión judicial de los despidos objetivos y que este tipo de rupturas de contrato sean posibles también para el personal contratado por las administraciones públicas. El objetivo que se persigue, y está por escrito, es “increased and widespread use of collective fair dismissal (compensation of 20 days per year worked)”. Traducido, “incrementar y extender el uso del despido colectivo procedente (con 20 días por año trabajado de indemnización).

Y después, solo descripciones

En las páginas siguientes del documento se describen las nuevas formas de contratación para las pequeñas y medianas empresas, las bonificaciones a los contratos fijos y los planes para modificar la formación, pero en ninguna de ellas se fijan objetivos concretos. El único que figura pues de forma explícita es el del abaratamiento del despido, que es una de las cinco cosas que le han pedido los organismos internacionales al Gobierno para la reforma laboral, pero que ha quedado convertida en el eje principal de la aprobada por el Consejo de Ministros y que esta semana inicia su andadura parlamentaria con su convalidación por el Congreso.

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