La alta dirección de CatalunyaCaixa se ha blindado ante eventuales despidos por parte de la entidad. La caja llegó el año pasado a un acuerdo con sus máximos responsables para satisfacer determinadas remuneraciones en caso de interrumpir "prematuramente" su vinculación laboral.
Estas indemnizaciones complican una salida de los gestores una vez que entre en los próximos meses el Estado en su capital. CatalunyaCaixa necesita 1.718 millones adicionales para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia y para ello ha reclamado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) esta inyección.
Esta institución, que ya ha recibido 1.250 millones de ayudas públicas, percibirá 1.000 millones y los restantes 700 millones en forma de acciones, por lo que el Estado evitará un control mayoritario.
Esta distinción es fruto de la disposición transitoria negociada por el Gobierno con CiU en la reforma de la normativa, que permite a las entidades que habían suspendido los test de estrés y habían pedido más dinero al Frob -CatalunyaCaixa y Unnim-, seguir con el proceso de ayudas por el reglamento anterior.
El compromiso con la cúpula, formada por 13 personas, se materializó en el momento de la constitución del nuevo grupo, formado por la fusión de las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa a mediados del ejercicio pasado. Entonces, había dudas de que la entidad pudiera hacer cargo a los intereses anuales por las primeras ayudas, ante la baja rentabilidad de sus activos. Como el resto de cajas que se beneficiaron del Frob, tendrán que pagar al menos un 7,75 por ciento en concepto de intereses anuales por el dinero público. Si no lo desembolsan, las participaciones preferentes se convierten en acciones. En junio CatalunyaCaixa tendrá que aportar al Frob 97 millones.
Desde la entidad aseguran que los miembros de la alta dirección son nuevos, un hecho diferencial con respecto a las demás cajas. Destacan que Adolf Todó desembarcó en Caixa Catalunya en 2008 justo en el arranque de la crisis, con el objetivo de enderezar la evolución de la entidad.
Además, subrayaron que las condiciones podrían cambiar con el proceso de bancarización puesto en marcha para que entre el Frob en el capital y que aún se está negociando la composición de los órganos de gobierno del banco, en el que no está clara la participación de ningún directivo.
La política retributiva en la caja catalana que lidera la integración ha sido siempre polémica. Ya en 2008 hubo dos decisiones que levantaron ampollas. Por un lado, la caja indemnizó con 11 millones a su entonces director general, Josep María Loza, tras ser sustituido por Todó. A este último, le concedió un sueldo de 600.000 euros y un blindaje de cinco ejercicios de salario en caso de destitución.
En 2010, como consecuencia de los acuerdos alcanzados, incrementó un 33 por ciento la retribución fija de su máximo ejecutivo, hasta los 800.000 euros, por lo que en caso de despido podría percibir unos emolumentos de unos cuatro millones de euros.
Aunque desde el grupo no quisieron precisar si estas son las condiciones del contrato firmado con la nueva entidad, sí destacaron que todos los trabajadores, incluidos los de la alta dirección, han mantenido sus condiciones laborales anteriores a la integración.
El año pasado, el director general adjunto, Jaume Masana, también vio incrementada su remuneración fija. En su caso fue de un 71 por ciento, hasta los 500.000 euros.
La entidad explicó entonces que los dos aumentos obedecían a una política de ajuste, ya que con respecto a sus competidores el salario de sendos ejecutivos era bajo.
Tras estos incrementos y con motivo de la fusión, CatalunyaCaixa ha aplicado un recorte de la remuneración al conjunto de la cúpula, debido al menor número de personal. La alta dirección del grupo obtuvo 4,5 millones de euros el año pasado, frente a los casi 10 millones que percibió en 2009 este colectivo en las tres entidades que conforman el nuevo conglomerado financiero.
Pero, la marcha de Narcís Serra de la presidencia y el fichaje de Fernando Casado pusieron en el alero la política retributiva. Le prometieron un sueldo de 600.000 euros, que luego le denegaron. El conflicto se desató y Casado abandonó el cargo, sólo tres meses después de su nombramiento.
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