Las últimas, por el momento, propuestas de la CEOE
para una ciudadanía como la española, sumida en una profunda crisis no sólo
económica, sino de cohesión social y política, son objetivamente una
provocación.
En materia de contratación, plantean un paréntesis
legal de un año para poder despedir sin causa ni indemnización; que se
resuelvan como sea los obstáculos que la Carta Social Europea ratificada por
España pone al periodo de prueba de un año impuesto por la Reforma Laboral; que
se descausalice la contratación temporal y se puedan concatenar contratos sin
limitación; que el contrato a tiempo parcial se flexibilice todavía más y que
se pueda imponer a los trabajadores con contrato a jornada completa; que se de
carta blanca a las ETT´s; en definitiva, que el estado natural del empleo en
nuestro país sea la más absoluta precariedad.
En materia de negociación colectiva, proponen que el
Convenio Colectivo Sectorial sea meramente testimonial; que no se aplique a las
nuevas empresas con menos de seis trabajadores durante un plazo de dos años;
que se potencie el Convenio de empresa y que se facilite la imposición de
modificaciones sustanciales; es decir, varias vueltas de tuerca a la reforma
laboral que les regaló el PP.
En materia de despidos, reducir la indemnización a 12
días por año de servicio a los nuevos contratos de los llamados emprendedores y
reducir las exigencias “formales” para la ejecución de despidos colectivos
(antiguos ERE´s), para que los jueces sólo puedan, sí o sí, darles su
bendición.
En materia de huelgas, que se establezcan las
sanciones administrativas, civiles, laborales y penales a imponer a
trabajadores y organizaciones sindicales; que no se pueda informar de una
huelga convocada en las 24 horas anteriores a su celebración y que para ser
convocada se haga por mayoría absoluta de los trabajadores en votación secreta.
Nunca por los sindicatos.
A la CEOE, como buenos “liberales”, les molesta todo
lo que se interponga entre su voluntad y la realidad que pretenden obtener. Ya
no se trata sólo de los sindicatos, otrora organizaciones responsables capaces
de canalizar los conflictos y encontrar soluciones negociadas, también les
molestan los jueces, los tratados internacionales, el derecho de huelga y, en
consecuencia, la Constitución.
Es necesario recuperar el espíritu de compromiso con
el país y sus ciudadanos que se puso en marcha y con éxito durante la, según
algunos, mitificada Transición. Para ello es imprescindible el diálogo social
con las organizaciones sindicales, capaces de afrontar con pragmatismo las
necesidades que hagan posible una verdadera recuperación del empleo, de los
salarios y de las condiciones de trabajo que definen su dignidad.
Desgraciadamente, ni la cúpula patronal ni el Gobierno parecen dispuestos a
transitar por este camino, su única alternativa es devaluar el papel sindical,
la negociación colectiva y, de su mano, los derechos laborales; justamente lo
contrario de lo que hace la tan admirada Alemania y caracteriza a los países
más desarrollados de la Unión Europea.
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