Los recortes directos del Gobierno de Mariano Rajoy
sobre los derechos de las personas tienen siempre una repercusión inmediata en
los medios y en la ciudadanía. Más difíciles de detectar son los recortes que podrían
denominarse 'indirectos': aquellos que no suponen una merma inmediata a un
presupuesto o a una partida económica, pero cuya modificación, aunque pueda
parecer que está destinada a un cambio general, está indirectamente implicada
en el recorte de una partida de gastos.
Tal es el caso de las bajas por enfermedad que cubre
la Seguridad Social. El Gobierno del PP prepara un Real Decreto sobre
incapacidad temporal que incorpora tablas con la duración media de las bajas
por enfermedad en función del
diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador, con el objetivo de
luchar contra el absentismo laboral injustificado y ahorrar dinero al sistema.
Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en las tablas que incorpora
el Real Decreto se establecerá la duración media tipo de los distintos procesos
patológicos y su incidencia en las actividades laborales.
Se trata, por tanto, de un protocolo de temporalidad
en la gestión de los partes médicos de baja, confirmación y alta, que busca ahorrar
dinero, pero también burocracia, y al mismo tiempo agilizar la gestión de las
bajas. Las nuevas tecnologías permiten el intercambio de datos para el control de la incapacidad
temporal entre las distintas
entidades y las instancias implicadas en la gestión de los procesos de
incapacidad temporal. Estos cambios normativos supondrán la adaptación de los
convenios con las Comunidades Autónomas, lo que permitirá al Gobierno elaborar
un mapa de patologías a nivel nacional, para conocer y analizar las razones por
las que se producen las incapacidades en cada territorio.
El proyecto de Ley de Mutuas modificará la Ley de la
Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para hacer más "eficiente" el
control de las prestaciones, según argumentan desde el gobierno. Las mutuas pasarán a hacer un seguimiento de las
bajas laborales desde el primer día y pedirán el alta cuando lo consideren
oportuno, aunque el servicio público de salud tendrá siempre la última palabra
al respecto.
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