La nueva ley de Mutuas en la que trabaja el Gobierno no gusta en
absoluto a los médicos de atención primaria. Los profesionales han levantado ya
su voz porque el anteproyecto (en fase de consultas) amplía las competencias de
estas entidades privadas asociadas a los empresarios para que estas puedan
proponer el alta médica a los trabajadores desde el primer día de baja laboral
por enfermedad común. Pero el desagrado de los médicos con el nuevo proyecto
legal no termina aquí: los facultativos han expresado su preocupación porque el
texto también da potestad a las comunidades autónomas para suscribir convenios
con las mutuas.
La idea de Empleo es que los "recursos
ociosos" que actualmente tienen las mutuas -hasta un 35% inutilizados
debido, entre otras cuestiones, a la reducción de las bajas laborales de la
última década- puedan atender a pacientes "a un coste razonable", tal
y como señala el Gobierno en el programa de Reformas 2014 enviado a Bruselas el
pasado 30 de abril.
El
Foro de Atención Primaria, que aglutina entre otros a la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), la Sociedad Española de Médicos
Generalistas y de Familia (SEMG), la Confederación Estatal de Estudiantes de
Medicina (CEEM), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria
(AEPap) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), alertan del
perjuicio que esto puede ocasionar, porque se corre el riesgo grave de que las
mutuas sobre todo se hagan cargo, principalmente, de los pacientes
trabajadores, a los que agilizarán todo lo preciso las pruebas diagnósticas y
las rehabilitaciones que precisen para que, más pronto que tarde, el trabajador
sea dado de alta. Mientras tanto, un jubilado deberá aguardar su turno en el sistema
sanitario público. Eso rompería el principio de equidad en el que se basa
nuestro sistema. Tú esperas el tiempo que sea preciso independientemente de tus
años, si trabajas o no o cualquier otra condición (salvo la gravedad de tu
estado de salud).
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