El Congreso reclama que el estrés y el acoso laboral se consideren como enfermedades profesionales

El Congreso ha reclamado este martes modificar el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y sus criterios para su notificación y registro con el fin de reconocer como tal el estrés y el acoso laboral. Así consta en la proposición no de ley aprobada en la Comisión de Empleo y Seguridad Social de la Cámara Baja, a raíz de una iniciativa de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, pactada finalmente con el PSOE. El PP ha sido el único grupo que se ha posicionado en contra.
La iniciativa, dirigida ante el aumento de la siniestralidad laboral, incluye un apartado para modificar este cuadro de enfermedades profesionales, también con el fin de que su aplicación “no dé lugar a discriminaciones por razón de género en el reconocimiento de una dolencia como enfermedad profesional”.
Asimismo, el texto aprobado pide incorporar en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales una perspectiva de género, tanto en la prevención por parte de los agentes implicados, como en los servicios ajenos. En este sentido, llama a potenciar los servicios y medios propios del empresario frente a los servicios de prevención ajenos, para lo que pide modificar la propia ley.
El texto finalmente aprobado exige al Gobierno promover una reforma de la actual legislación con el fin de “garantizar el desempeño profesional de los técnicos, la independencia de los servicios de protección y el establecimiento de controles públicos que garanticen la calidad de sus prestaciones”.
Asimismo, pide aproximar el número de inspectores a la media de la Unión Europea, eximiendo para ello los límites de “reposición mínima” y así permitir el incremento de este cuerpo de trabajadores en las sucesivas ofertas públicas de empleo con el fin de que, tal y como reza el texto, “puedan razonablemente desarrollar las tareas de control de las condiciones de seguridad laboral que su Ley de ordenación les encomienda”.
Por otro lado, el Congreso también pide repartir entre las comunidades autónomas, “a la mayor celeridad posible”, los fondos destinados a la prevención, que piden aumentar, y así “poner fin a la reiterada intromisión competencial” que, según el texto, se produce por parte de la Administración central.