Las autoridades de supervisión deberán vigilar estrechamente la operación de compra del Popular por parte del Banco Santander y seguir de cerca "cualquier riesgo derivado de los posibles costes de litigación. La exigencia figura en el séptimo informe 'post' programa publicado este viernes por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo en el que alertan del retraso en la privatización de Bankia y BMN, las dificultades del banco malo para concluir las desinversiones de forma rentable y los problemas de capital que podrían encontrarse algunas entidades a causa de la sentencia de las cláusulas suelo.
El documento, que forma parte del mecanismo de supervisión del rescate bancario del 2012, se hace eco de la decisión de liquidar el Popular, tras el rápido deterioro de la liquidez debido a las dificultades generadas por "la importante cartera de activos inmobiliarios heredados". Los inspectores reconocen que los resultados de las pruebas de estrés realizadas el año pasado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) fueron malos y obligaron a la entidad española a captar 2.500 millones de euros de capital.
El 6 de junio el BCE concluyó que la entidad estaba "en quiebra o a punto de quebrar" y la Junta Única de Resolución adoptó el plan de resolución que concluyó con la venta por un euro al primer grupo bancario español. Ahora, consideran que la implementación efectiva de la transferencia del Banco Popular al Banco Santander debe ser supervisada de cerca, que deberá vigilarse la implementación efectiva de la compra y seguir de cerca cualquier riesgo derivado de potenciales costes de litigación, urgen los inspectores sobre una operación que ambas capitales han considerado un éxito.
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