UGT apoya a dos acusados por ejercer el derecho a huelga

Estos días se cumplen 5 años de la huelga general del 29 de marzo de 2012, convocada contra una reforma laboral que se aprobó el mes anterior y que ha destrozado nuestro mercado de trabajo, y aún hay decenas de sindicalistas que siguen encausados de manera injusta por participar en la misma y en otras movilizaciones, por delitos que no cometieron.

Dos de ellos son Rubén Ranz y José Manuel Nogales, encarcelados hasta el 30 de marzo y para los que la Fiscalía pide 7 años de cárcel por ejercer un derecho fundamental amparado por la Constitución, como es el derecho de huelga, en un juicio que comenzará el 21 de junio.

UGT recuerda que los sindicalistas de nuestro sindicato Rubén Ranz y José Manuel Nogales ("los dos de la plaza de la lealtad" como se les conoce en los ámbitos del sindicato) serán juzgados por unos delitos que no cometieron, por los que les piden siete años de cárcel, y por los que fueron detenidos injustamente hace cinco años por participar en un piquete informativo en la plaza de la Lealtad de Madrid durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Hoy hace cinco años de esa detención y ha supuesto cinco años de juicio y condena social para estos sindicalistas, que ellos y sus familias están sufriendo desde entonces indefensión ante esta situación y el temor por un juicio que parece que se celebrará en junio.

Desde UGT no cesaremos de insistir en los muchos sindicalistas que aún siguen encausados de manera injusta por participar en la misma y en otras movilizaciones.

UGT exigimos la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza el derecho fundamental de huelga, un pilar básico de las relaciones laborales modernas que, durante los últimos años, algunos poderes públicos, con la Fiscalía al frente, han convertido en objetivo de persecución, criminalización e intervención administrativa.
Además, exigimos la retirada de todos los cargos a los cientos de sindicalistas investigados por ejercer este derecho, más aún tras el varapalo que sufrió el Gobierno la pasada semana, cuando el Congreso aprobó derogar o modificar sustancialmente la Ley Mordaza, base de todo este proceso persecutorio.