Sempre amb tu

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sábado, 13 de julio de 2013

El IPC se situó en el mes de junio en el 2,1% en términos interanuales, lo que supone un incremento de 4 décimas con respecto al registrado en el mes de mayo. UGT considera que, en un contexto de recesión como el actual, con acusadas caídas de la producción, la inversión y, especialmente, del consumo, los precios han mostrado un sorprendente ritmo de crecimiento que contrasta con la caída significativa de los costes laborales y el mantenimiento del crecimiento de los beneficios empresariales. Las políticas del Gobierno –centradas en el control del déficit y la consolidación fiscal- están asfixiando a los ciudadanos y agravando esta situación y por ello el sindicato exige, una vez más, centrar la política económica en medidas expansivas de estimulo a la actividad económica y el empleo. Unas políticas que repartan los costes de la crisis y permitan sentar las bases para la recuperación apostando por los trabajados  los ciudadanos.
La inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantiene en el 2%, con lo que vuelve a situarse por debajo de la tasa general, aunque sólo una décima.
Por lo que se refiere al Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), ha aumentado cuatro décimas respecto al mes de mayo, situándose en el 2,2%, manteniéndose en una décima por encima del IPC general nacional. El IPCA de España incrementa su diferencia hasta los 0,6 p.p. frente al IPCA de la Zona Euro que se sitúa en el 1,6% (también incrementándose con respecto al mes anterior, aunque sólo dos décimas).
La subida de los precios de los carburantes durante el mes de junio y el inmediato efecto que ha tenido sobre la variación del Índice de Precios al Consumo ha evidenciado nuevamente la enorme dependencia estructural que nuestra la economía española de la evolución de los precios de los productos energéticos. Así, la evolución de los precios de nuestro país está siempre condicionada por comportamiento que tengan los precios de estos productos, afectando directamente a la capacidad de compra de la población.
No obstante, no son los precios de los carburantes los que influyen únicamente en el crecimiento de los precios ya que a ello habría que unir las subidas de impuestos, tanto directos como indirectos (IVA, IRPF, IBI), que se han producido en el último año, así como a los incrementos en las tasas, los repagosfarmacéuticos y el incremento de tasas en la educación, que afectan significativamente al nivel de vida de los ciudadanos. Prueba de ello la encontramos con los aumentos que se vienen produciendo en el precio de productos básicos tales como medicamentos y material terapéutico (un 27,4%), de la enseñanza universitaria (un 22,3%), y del transporte público, tanto urbano (un 4,7%) como interurbano (un 5,4%).
En cualquier caso, resulta sorprendente la evolución que han venido marcando los precios de consumo desde que comenzara la crisis económica. En un contexto de recesión –casi depresión económica- como el que nos encontramos, con acusadas caídas de la producción, de la inversión y, especialmente, del consumo, los precios han mostrados en casi todo el periodo transcurrido un sorprendente ritmo de crecimiento, no demasiado acorde con lo que debería de haber sido su evolución según marca la teoría económica. Ello es debido, en gran parte, al importante déficit regulatorios que existen en buena parte de los sectores económicos de nuestro país, en los que las empresas actúan en posiciones de ventaja que les permiten fijar precios y eludir el libre juego de la oferta y la demanda, lo que repercute directamente sobre los consumidores.
El resultado de todo ello es un nuevo incremento de los precios de consumo que afecta directamente a las rentas de los ciudadanos, produciéndose una pérdida de poder adquisitivo y un progresivo empobrecimiento de la población. Situación que se agrava al verse acompañada por la innecesaria y errónea estrategia del Gobierno, basada en la devaluación salarial y la pérdida de derechos, consecuencia de una reforma laboral que ha deteriorado aún más el mercado de trabajo, facilitando la destrucción de empleo y haciendo que se aumente el ya de por sí elevado desempleo.
Es sorprendente, además, que mientras que se sigue produciendo un continuo incremento en el nivel de precios y, en paralelo, se está asistiendo a una caída significativa de los costes laborales, los beneficios empresariales se mantienen en tasas de crecimiento positivas – tal y como recogen los últimos datos de Contabilidad Nacional y de Costes Laborales, publicados ambos por el INE y correspondientes al primer trimestre de 2013, que muestran una caída del 6% de la remuneración a los asalariados, un incremento del 2,6% de los excedentes brutos de explotación de las empresas y una disminución de los costes laborales del 1,4%, situándose estos últimos en tasas negativas desde el primer trimestre de 2012-, lo que muestra un desigual reparto de las cargas derivadas de los ajustes que se están produciendo en la economía española.
Lo que nos lleva a pensar que existen muchas empresas que se están aprovechando del abaratamiento del factor trabajo y están, además, incumpliendo el II AENC, firmado por las patronales CEOE y CEPYME y por UGT y CCOO, al no mantener el nivel de empleo, ni reforzar la calidad de sus plantillas, ni invertir ni mejorar sus procesos productivos para aumentar su competitividad, ciñéndose a los incrementos salariales marcados en el acuerdo (la subida salarial media para convenios nuevos era del 0,23%, mientras que en los revisados ascendía hasta el 0,76%, según los datos sobre negociación colectiva de los cinco primeros meses del año) mientras siguen subiendo los precios y aumentando los beneficios.
En definitiva, estamos asistiendo a una política económica desarrollada por el Gobierno que ha dado la espalda a los ciudadanos y que se está mostrando totalmente ineficaz y contraproducente, que carga los ajustes sobre los trabajadores y ciudadanos, favoreciendo la acumulación de capital en unos pocos, y que no sólo no está ayudando a la recuperación económica, sino que está provocando efectos negativos, ahondando más en la recesión.
Por ello, desde UGT pedimos un cambio en las políticas económicas del Gobierno, que inviertan sus objetivos desde el control del déficit y la consolidación fiscal hacia las tan necesarias medidas expansivas de estimulo a la actividad económica y el empleo. Unas políticas que repartan los costes de la crisis y que permitan sentar las bases para la recuperación, apostando por los ciudadanos y los trabajadores y no, tal y como ha venido sucediendo hasta ahora, denostándoles y eliminando sus derechos.

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