La Fiscalía de Madrid, pide siete años y dos meses de
cárcel para dos afiliados de UGT. Les acusa de un delito contra los derechos de
los trabajadores, un delito de atentado y cuatro faltas de lesiones. Los hechos
sucedieron en la huelga general del 29 de marzo de 2012, cuando los dos participaron
en un piquete durante el que se produjeron momentos de tensión a las puertas de
un bar.
Este es solo el último caso
de una lista que ha engordado con rapidez en los últimos meses: en la actualidad tenemos hasta 40 procedimientos judiciales abiertos, algunos penales y otros
sancionadores, contra sindicalistas que participaron en las últimas huelgas generales,
especialmente en la que se produjo el 29 de septiembre de 2010, con José Luis
Rodríguez Zapatero aún en el Gobierno. Entre todos suman más de 140 años de
cárcel. Los sindicatos ven detrás de estos casos una
estrategia para
desprestigiar la protesta sindical, amedrentar a los trabajadores y atentar
contra derechos fundamentales como el derecho de huelga.
"Es absolutamente
desproporcionado, sin duda se debe a instrucciones precisas que proceden de la
estructura jerárquica de la Fiscalía para limitar un derecho fundamental como
es la huelga", señala Manuel de la Rocha, uno de los abogados de UGT que
se encarga del caso de José Manuel y Rubén, los dos afiliados de UGT, que
insiste en que se ha producido un "cambio de criterio" en el
Ministerio Fiscal porque nunca antes se habían pedido en España penas tan
elevadas por este tipo de sucesos.
De la Rocha, exdiputado socialista,
explica que el piquete en el que participaban recorrió varios puntos de Madrid
hasta que a las siete de la mañana llegaron a la puerta de un bar cercano al
Congreso de los Diputados. Una vez allí, un trabajador abrió la puerta y arrojó
varios pasquines. Un camarero salió a la puerta y comenzó la tensión. "Un
grupo de policías que les seguía desde hacía tiempo comenzó a cargar muy
duramente", continúa el abogado. Hubo dos detenidos y varios miembros del
piquete denunciaron a la policía, una denuncia que llegó a un juicio cuyo
resultado fue la absolución de los policías.
"Piden más de tres años
por atentado porque consideran que se resistieron a la carga y a la detención.
Y otros tres años por un delito contra los derechos de los trabajadores. Es
desmesurado pedir siete años en una situación como la actual, donde hay
personajes que han dañado la vida de miles de personas y que siguen en la cañe
y a unas personas por participar en un piquete, por unos hechos que apenas
duraron minutos, se les pide años de cárcel. El Tribunal Constitucional ha
señalado que los piquetes son un instrumento para dar publicidad a la huelga y
que en esas situaciones se producen tensiones. La aplicación de delitos penales
no puede desfigurar el derecho de huelga", insiste De la Rocha.
En esta España de absoluta corrupción, donde nos faltan
dedos de las manos para contar todos los casos de mangoneo, porque como señala
el dicho: “falta pan para tanto chorizo”, pues sí, en esta España, se quiere encarcelar
a sindicalistas.
Todo parece muy sospechoso. ¡Vaya desde esta sección sindical nuestra solidaridad para con estos dos compañeros!
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