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lunes, 17 de marzo de 2014

Las propuestas de los expertos fiscales tienen un rancio sesgo ideológico contra los trabajadores

UGT considera que las propuestas del comité de expertos en materia fiscal no van en la dirección correcta ya que se alejan de los problemas reales que tiene nuestro país: el fraude, la insuficiencia de recursos y la injusticia fiscal. El sindicato destaca que el Gobierno debe buscar los consensos necesarios en una materia vital para nuestro país en base a estos tres objetivos: luchar contra el fraude (actualmente en nuestro país hay 60 trabajadores en la Administración tributaria por cada cien mil habitantes, la media europea se sitúa en 130 por cada 100.000 personas); garantizar la suficiencia de recursos para atender las necesidades sociales y los gastos públicos y repartir de manera justa la carga tributaria entre capital y trabajo.
El pasado viernes, se han trasladado a través de los medios de comunicación las orientaciones y algunas propuestas del informe presentado por el grupo de expertos del Gobierno sobre la posible reforma fiscal.
Ante ello, y a falta lógicamente de un análisis detallado una vez que podamos acceder al informe completo, UGT quiere manifestar lo siguiente:
No parece, a tenor de lo publicado, que las propuestas vayan en la dirección correcta, ya que se alejan de los problemas reales de nuestro sistema fiscal: el fraude, la insuficiencia de recursos y la injusticia fiscal.
“Sin dejar títere con cabeza”, el informe recoge que:
Que las personas que pagan impuestos son las que tienen que pagarlos y los que no pagan deben seguir así. Efectivamente, no parece que los expertos consideren que haya que dedicar mucho esfuerzo a la lucha contra el fraude, sino tan solo a la modificación de las figuras tributarias.
Que las rentas sobre las que se asientan los impuestos deben ser las mismas que hasta ahora. Por tanto, proponen que se mantenga la doble base en el IRPF; que se eliminen las deducciones que actualmente se aplican los trabajadores, como adquisición de vivienda, pero no las reducciones de base que se aplican las rentas altas, planes de pensiones; que se amplíe la base imponible, pero a través de la imputación de rentas por vivienda habitual, al parecer para rebajar la tributación sobre el trabajo a cambio de elevarla sobre el patrimonio (curiosamente, no se imputan rentas por primer fondo de inversión y sucesivos, porque solo hay que gravar el patrimonio que supone vivir en una casa en propiedad y pagando hipoteca en lugar de alquiler); olvidando la necesidad de un impuesto que grave la riqueza (toda la riqueza); que se establezcan deducciones para “gastos domésticos”, como educación, sanidad, contratación de empleados domésticos, de este modo los trabajadores pagarán con sus impuestos su sanidad y la de los que acuden a la sanidad privada, la educación de sus hijos y la de los que acuden a los colegios de élite y hasta el servicio doméstico de quienes lo tienen y pagan impuestos.
Que, además, el peso puede reducirse más para las rentas altas y para quienes declaran por debajo de sus rentas. Por tanto, proponen reducir los tramos y los tipos marginales y fijar un umbral de renta de libre tributación, cuando la renta media declarada por los trabajadores se sitúa en 19.262 euros y la renta media de actividades económicas en 7.733. Si bien puede que aumente ligeramente, ya que también parece que proponen que la estimación objetiva por módulos se limite a los negocios que venden al consumidor final.
Respecto al Impuesto de Sociedades, proponen suprimir exenciones, deducciones y bonificaciones y a cambio bajar el tipo general del 30% al 20%, pero al parecer manteniendo tipos especiales, con la excepción del de entidades de reducida dimensión.
También proponen subir el IVA, pero cuando se puedan bajar las cotizaciones sociales. Mientras, y en tanto no puedan subirse los tipos, pasar bienes esenciales del tipo reducido al tipo general, variando la composición de la recaudación hacia un aumento de la imposición indirecta y una reducción desequilibrada y no general de la imposición directa. En un momento, además, en que la demanda interna cae, evitando el despegue del crecimiento económico, no parece que gravar aún más el consumo sea el camino correcto para que la fiscalidad colabore a la salida de la crisis.
Del resto de figuras ha salido poco en prensa, pero parece que lo que sí podemos compartir con los expertos es que existe una maraña de impuestos y de tipos impositivos sobre figuras impositivas transferidas a las Comunidades Autónomas, y que sería conveniente establecer un marco de fiscalidad más homogéneo entre los distintos territorios.
Por ello, no podemos compartir las orientaciones que propone el grupo de expertos. UGT aboga por una reforma fiscal justa, que combata el fraude y garantice la suficiencia.
España, con un sistema impositivo similar al de los países de nuestro entorno, tiene unos ingresos públicos que se sitúan nueve puntos por debajo de los países de la zona euro.
Además, nuestro país tiene una economía sumergida que se calcula en el entorno de un 20% del PIB. Sin embargo, dedicamos a funciones de administración tributaria 60 trabajadores por cada cien mil habitantes, menos de la mitad de los 130 se dedican en media en Europa, solo por encima de Italia. Y reduciendo.
Y tenemos un sistema fiscal con un profundo desequilibrio de rentas, que se ha agrandado durante la crisis.
Para UGT, las principales actuaciones en materia tributaria deberían actuar en la dirección de corregir esas diferencias que nos separan de Europa. Y que los impuestos sirvan para recaudar más no tiene por qué implicar que paguen más los que ya pagan (aunque sea con el espejismo de pagar menos de tipo directo y pagar más quitando deducciones y subiendo impuestos indirectos), sino que debe pasar porque paguemos todos y cada uno en función de sus posibilidades.
Nuestra propuesta se basa en lo que debería ser los consensos políticos necesarios en materia fiscal, que son los que ya comparte ampliamente la sociedad:
  • La necesidad de apostar claramente por la lucha contra el fraude.
  • La garantía de suficiencia de recursos para atender las necesidades sociales y los gastos públicos.
  • El reparto justo de la carga tributaria entre capital y trabajo.
Para ello, proponemos:
Una verdadera política de lucha contra el fraude fiscal, dotando a la Agencia Tributaria de los medios humanos, materiales y técnicos necesarios y estableciendo un régimen sancionador que incremente el coste de oportunidad del fraude.
  • Impulsar la armonización fiscal en la Unión Europea, eliminando los paraísos fiscales, armonizando las distintas figuras impositivas y estableciendo un impuesto sobre transacciones financieras.
  • Garantizar una homogeneidad fiscal entre las Comunidades Autónomas.
  • En el IRPF, eliminar la doble base, establecer la tributación sobre ingresos reales, eliminando la estimación objetiva, eliminar progresivamente las reducciones de base imponible y las deducciones fiscales, que desvirtúan el impuesto y dotarlo de toda su capacidad recaudatoria. Las políticas sociales deben hacerse a través del gasto.
  • Establecer una imposición real sobre la riqueza, con carácter general, que integre todo el patrimonio de los contribuyentes, incluida la vivienda habitual.
  • El acceso a la propiedad patrimonial a título gratuito debe tener un tratamiento similar en todo el territorio nacional, con la capacidad recaudatoria que le corresponda en el diseño del conjunto del sistema.
  • En el Impuesto de Sociedades, limitar al máximo las exenciones, deducciones y bonificaciones, eliminar la profusión de tipos que hacen actualmente que el tipo general sea la excepción, y garantizar un tipo efectivo mínimo.
  • Con respecto al IVA, hay que eliminar la exención de sanidad y educación privadas, establecer un tipo impositivo ampliado para los bienes de lujo, recuperar el tipo reducido para la cultura y los productos higiénicos de primera necesidad y pasar al tipo super-reducido los alimentos que actualmente están en el reducido.
  • Diseñar una fiscalidad ambiental que nos equipare a Europa, en su vertiente de protección medioambiental como en su capacidad recaudatoria, con criterios de cohesión social y territorial.
  • Aplicar la potencialidad recaudatoria del IBI, eliminando las exenciones y penalizando los inmuebles vacíos, contemplando la posibilidad de reducciones de cuota en atención a la capacidad económica del contribuyente.
  • Reforzar los sistemas de asistencia y apoyo a los contribuyentes e Implantar sistemas cada vez más sencillos para el cumplimiento de las obligaciones tributaria.
Estas medidas tendrían un efecto sobre los ingresos que incrementaría la recaudación, reduciendo la brecha que nos separa de los países de nuestro entorno, frente a la propuesta de los expertos, que denominan “inocuo” a mantener una recaudación en los mismos niveles, bajando de unos sitios y subiendo en otros, cuando uno de los principales problemas de nuestra economía es el mantenimiento de unos ingresos públicos claramente insuficientes para mantener unos gastos ya muy recortados y con muy poco margen de reducción.
Por tanto, UGT no puede compartir propuestas para una reforma fiscal que mantenga la insuficiencia recaudatoria y se base en la reducción de equidad, progresividad y justicia del impuesto.

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