Mediante una enmienda del Senado y sin consultar a los
agentes sociales, el PP ha incluido en los Presupuestos del año que viene la
eliminación de un artículo del Estatuto de los Trabajadores que permitía que el Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA) pagase
hasta ocho días por año de los despidos objetivos en las empresas de menos de
25 trabajadores. La Confederación Española del
Comercio (CEC) cree que será un golpe para la liquidez y "la
ausencia de conflictividad que había producido la medida".
UGT también cree que va a perjudicar a empresas y trabajadores. El Gobierno
dice que toma la medida para "desincentivar los despidos.
El mecanismo es inusual: el Gobierno cambia el
Estatuto de los Trabajadores sin negociar antes con sindicatos y
empresarios y vía una
enmienda en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado. La enmienda es
la 2.997, y lo que hace es suprimir el artículo 33.8 del Estatuto, el que
establecía hasta ahora que "en los contratos de carácter indefinido
celebrados por empresas de menos de veinticinco trabajadores", en caso de
extinción del contrato por razones objetivas (económicas, técnicas...) o por
quiebra de la empresa, "el Fondo de Garantía Salarial abonará al
trabajador una parte de la indemnización en cantidad equivalente a ocho días de
salario por año de servicio". En definitiva, una ayuda al despido pagada
con un fondo que se nutre de cotizaciones empresariales.
La disposición, que
desaparecerá el 1 de enero de 2014, ha estado recogida en el Estatuto desde
1984. Ahora, el Gobierno la elimina (según se lee en la justificación de la
enmienda) para "recuperar para el FOGASA su naturaleza de entidad de
aseguramiento [...] desincentivando el despido y fomentando el mantenimiento
del empleo". Pero los agentes sociales dudan de la oportunidad de la medida y no se
creen que el Ejecutivo pretenda evitar despidos, sino que sospechan que
detrás de esta reforma se esconde sencillamente la voluntad de ahorrar.
Las
empresas creen que aumentará la conflictividad. Desde la Confederación Española
de Comercio no entienden por qué se toma esta medida, porque no encuentran razones en la marcha de la economía que la justifiquen:
"En el sector comercial llevamos 36 meses de la caída de la demanda
interna, sólo ha habido un mes en positivo en el último ciclo de 37 meses, y
esto va a afectar a la liquidez de las empresas y a la ausencia de
conflictividad que se había producido con esta medida", resume el asesor
jurídico de la CEC, Agustín Benavén, que añade que las patronales no sabían
nada: "La noticia es absolutamente sorpresiva, ni siquiera en los órganos
de control del FOGASA se había planteado como posibilidad".
Desde UGT su Secretario de
Acción Sindical, Toni Ferrer, confirma que los agentes sociales no sabían nada:
"Estamos ante una actuación unilateral del Gobierno más, por una vía
completamente opaca, actuando sobre un aspecto fundamental que es proteger a
empresas y trabajadores ante situaciones de insolvencia y otras previstas en el
Estatuto de los Trabajadores". Y aunque en principio esta medida no
tendría que afectar directamente a los trabajadores (supondrá que las
indemnizaciones las tendrá que pagar íntegramente el empresario, en vez de
parte el FOGASA y parte el empresario) Ferrer también considera que la
actuación del Ejecutivo es equivocada y puede resultar perjudicial: "El
Gobierno, en vez de aumentar las cotizaciones, ha optado por reducir la
cobertura para las empresas de menos de 25 trabajadores, lo cual puede generar
una situación de incertidumbre para empresas y trabajadores".
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