Se dice que “todo tiene un precio”. Pero, ¿cómo poner valor a algo que nadie quiere comprar sin arruinarse en el intento? Este es el problema clave con el que se enfrenta el Gobierno en el diseño del banco malo, el ente que comprará los activos tóxicos de la banca. Según las estimaciones de Álvarez & Marsal (la consultora que diseña el banco malo) , el precio de transferencia, es decir, el precio por el que el banco malo se haría cargo de los activos tóxicos, puede tener un descuento de alrededor del 45% sobre la valoración en libros que habían publicado los bancos a 31 de diciembre de 2011.
La consultora calcula que los cuatro bancos españoles nacionalizados y que se encuentran en el agujero financiero, BFA-Bankia, CatalunyaBanc, NCG Banco y Banco de Valencia, tenían activos tóxicos con los criterios exigidos por el banco malo por valor de 95.000 millones de euros. Así, el banco malo compraría estos activos por algo más de 54.000 millones de euros.
Un descuento en el entorno del 45% puede ser considerado caro dentro del sector ya que el banco malo irlandés, en el que se inspira el modelo español, compró activos con una rebaja media del 58%. Esta rebaja ha permitido a la entidad gestora irlandesa comenzar a ser rentable pero, también, ha llevado a la demolición física de promociones inmobiliarias en suelo celta. La última palabra en cuanto al precio que se pondrá en España a estos activos la tiene el Gobierno, que está recibiendo muchas presiones internas y externas. Desde Bruselas le exigen un descuento mucho mayor, y la banca sana española le insta a la prudencia.
En las discusiones que el Gobierno está teniendo con Bruselas se intenta a toda costa evitar lo que llaman “precio de derribo” y que llevaría a que fuera más barato arrasar directamente con urbanizaciones ya construidas, o en vías de construirse, que intentar venderlas en un futuro.
El diseño del banco malo exige que al menos un 51% del capital sea privado para que la nueva estructura no se considere parte del sector público. Si compra barato, o muy barato, hundirá el sector inmobiliario en España, lo que puede arrastrar a que bancos que ahora no tienen problemas tengan también que ser rescatados.
¿Dónde poner entonces el límite entre un precio atractivo y un precio que no haga más sencillo derribar, literalmente, las promociones inmobiliarias? Las instrucciones de Bruselas son las de fijar el precio lo más cerca posible, e incluso por debajo, del valor de mercado actual, para lograr una tasa de recuperación mayor del dinero invertido.
El final resultante de todo esto, es que el estado, es decir todos, vamos a comprar a los bancos los pisos que no pueden vender ni cobrar. Resulta tremendo comprobar que mientras a los ciudadanos, no pagar una hipoteca les resulta la ruina y el desahucio, las grandes inmobiliarias que han dejado miles de millones colgados se van a ir de rositas.
Finalmente se van a socializar las pérdidas, mientras que ningún responsable (bancos, cajas de ahorros, inmobiliarias y responsables políticos) de este gran desaguisado va a ser juzgado.
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