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lunes, 18 de junio de 2012

El "agujero negro" de la banca española no se conocerá hasta septiembre

El Banco de España ha decidido retrasar hasta el próximo mes de septiembre la publicación del informe que elaborarán las cuatro grandes auditoras -Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young- sobre el análisis individualizado y detallado de las carteras crediticias de las entidades financieras.
La publicación, que inicialmente estaba prevista para el próximo 31 de julio, se debe, precisaron las mismas fuentes, a que los organismos implicados,Banco de España, Ministerio de Economía, las auditoras y el comité asesor (formado por el FMI, BCE, Banco de Francia y el de Holanda), han estimado conveniente recabar "más información"sobre la salud de la banca española y realizar un análisis "más detallado y exhaustivo".
El Gobierno ha puesto en marcha dos análisis privados independientes de valoración de las carteras crediticias en España de los catorce principales grupos bancarios que representan el 90% del sistema financiero.
En concreto, las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger identificarán las necesidades de capital que experimentaría la banca ante un fuerte deterioro económico; y en segundo lugar, las auditoras Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young comprobarán cómo han clasificado, provisionado y medido las entidades los riesgos de sus carteras.
Las ayudas europeas para el sistema bancario español se canalizarán a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuya capacidad de endeudamiento se elevó recientemente en 66.000 millones de euros.
Ha sido un despropósito que agentes externos tengan que auditar a las entidades financieras, ¿porqué para que está sino el Banco de España?, o es que acaso carece de fiabilidad.
El Banco de España tiene encomendado legalmente preservar un importante bien público, fundamental para el bienestar social y económico de nuestro país: la estabilidad del sistema bancario. Función que no ha ejercido correctamente, como pone de manifiesto el actual colapso financiero que padecemos empresas y ciudadanos. Para su cumplimiento, los órganos rectores del Banco de España, con sus gobernadores a la cabeza, tienen –según las leyes 13/1994 y 28/1988– capacidades legales y competencias específicas, con amplios recursos inspectores para incoar expedientes sancionadores, propuestas de intervención o de sustitución de las administraciones en relación con las entidades bancarias españolas. Por lo que no resulta exagerado considerar que el Banco de España es la “policía financiera” del Estado español.
Por otro lado, los gobernadores alertaron en repetidas ocasiones, incluso en el Congreso, contra el excesivo endeudamiento inmobiliario, en apologéticos discursos neoliberales en los que aprovechaban para cargar contra los derechos laborales, contra la regulación protectora del trabajo, a favor del “capital libre y liberador” que ellos ven como santo grial de su mundo ideal neoclásico. Estos avisos son prueba evidente de que disponían de información fehaciente y precisa de cada entidad bancaria, elaborada por sus diligentes equipos inspectores, sobre los excesos de endeudamiento en los que habían incurrido varias de ellas. Pero se limitaron a alertar a los gestores de las entidades, a los políticos, a la sociedad de los riesgos que se acumulaban detrás de esa borrachera de endeudamiento, no pasando de ahí, simplemente alertar.
El interés general ha sido triturado y saqueado por las conductas irresponsables de las entidades bancarias, que desde 2008 han cerrado el crédito, han saqueado las cuentas públicas, y han conseguido los recortes en el bienestar social más sangrantes de la historia contemporánea: reducciones en salarios públicos, en pensiones, en personal de empresas públicas y en la misma sanidad y educación públicas.
Es preciso, por salud democrática, la persecución de las supuestas responsabilidades de orden penal. Por eso el fiscal general del Estado debería investigar si la conducta dilatoria de los gobernadores del Banco de España en corregir las conductas irresponsables de varias entidades bancarias, durante los años de borrachera de endeudamiento inmobiliario, podrían suponer un presunto delito de “prevaricación por omisión” por haber ocultado la situación de endeudamiento insostenible de varias entidades financieras, poniendo en peligro al conjunto del sistema bancario español y el empleo y bienestar de millones de españoles.

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