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lunes, 12 de marzo de 2012

El Grupo de IU-ICV-CHA propone crear un polo de banca pública nacionalizando las cajas de ahorros

El principal objetivo de la propuesta es que se facilite "con eficiencia y a costes competitivos" las necesidades de crédito de empresas y familias y se actúe para "limitar el sobreendeudamiento". 
El Grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso propone una reforma "profunda" del sistema financiero que tenga como eje central la creación de un polo de banca pública a través de la nacionalización de las cajas de ahorros, de sus bancos participados y de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) constituidos, y que incluya también al Instituto de Crédito Oficial (ICO).
En su proposición no de ley (PNL), el grupo parlamentario precisa que aunque en las nuevas cajas nacionalizadas se respetarían las actuales participaciones privadas de capital, "desprovistas de derechos políticos y sin que puedan aumentar", si bien el riesgo "estaría mutualizado mediante una institución tipo SIP".
Para que su gestión sea democrática, participarían en ella electos locales y autonómicos, representantes de los trabajadores y de los impositores; mientras que el control sería independiente para poder exigir "responsabilidades administrativas y penales, en su caso, a los gestores". Por su parte, el control económico de las entidades nacionalizadas debería ser incluido dentro de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
En la misma línea, esta banca pública deberá "reducir y racionalizar" los salarios de los directivos y eliminar los incentivos vinculados a las operaciones de riesgo, así como limitar y controlar las inversiones en actividades especulativas, especialmente en el sector inmobiliario, y las operativas bancarias hacia y desde paraísos fiscales.
La propuesta de Izquierda Plural plantea esta iniciativa apenas unas semanas después de la convalidación en la Cámara baja del decreto ley de saneamiento del sistema financiero que "profundiza" en medidas ya conocidas como "estimular los procesos de fusión y adquisición" para garantizar la solvencia de las entidades, medida que "ha mostrado reiteradamente su ineficacia" y que además requiere de transferencias de recursos públicos mientras se "recorta el gasto social, se reducen plantillas y se empeoran las condiciones de trabajo".

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